1.- Introducción y marco
conceptual:
Partimos de la idea de que la población es un
elemento fundamental de poder nacional. Si bien los restantes elementos (la
geografía, la economía, las fronteras, la infraestructura
científico-tecnológica, la capacidad militar, la calidad de la diplomacia, el
sistema político-administrativo y el carácter y la moral nacional) son
importantes, el poder humano de la población es el eje sobre el que se asientan
todos los demás[1].
En ese orden de ideas, la cuestión demográfica
constituye para nuestro país y para Latinoamérica una cuestión estratégica de
primer orden, pues está directamente vinculada con el desarrollo de una
política poblacional y de arraigo territorial tan urgente como necesaria,
debido a la extensión geográfica de nuestra región, a su insuficiente población
y a su mala distribución.
Desde
esta perspectiva demográfica podemos afirmar que el activo más importante del
país es su capital humano, es decir las capacidades humanas de su población. Al
mismo tiempo, la revolución tecnológica actualmente en curso nos enseña que el
capital humano es hoy fundamental para la innovación productiva, ya que la
creación y la adaptación de nuevas tecnologías no pueden llevarse a cabo sin
una dosis sustantiva de creatividad.
Por
su parte, la globalización acelerada nos muestra que la innovación productiva
es hoy la base fundamental para operar un cambio estructural que incremente la productividad
del país, de modo de lograr una inserción internacional inteligente y
provechosa[2].
Por
estos motivos, es que consideramos que la cuestión social de la infancia está
directamente relacionada con la cuestión demográfica. Desde esta óptica, uno de
los principales problemas a resolver, es la exclusión social.
La
exclusión social conspira contra el logro de una comunidad política, saludable
e integrada, pues genera brechas de desigualdad, menoscaba el capital humano y
el capital social de la población hipotecando el futuro desarrollo de un país.
Una
característica sustancial para el desarrollo del capital humano lo constituye
el capital social. Desde una
corriente de la ciencia política el capital social ha sido definido como:
“…
aspectos de la organización social tales como confianza, normas y redes, que
pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada,
en tanto que la reciprocidad y el compromiso cívico explican los diferentes
niveles de desarrollo económico y democrático”[3]
Capital social y redes sociales son conceptos que se
encuentran íntimamente vinculados. Así pues, podemos referir la noción de
capital social con la de red de relaciones que se generan entre los individuos.
Debemos destacar la horizontalidad, solidaridad y confianza como elementos
característicos de las redes sociales[4].
En
síntesis, el término capital social hace referencia a las normas, instituciones
y organizaciones que promueven la confianza, la solidaridad, la ayuda recíproca
y la cooperación. Va de suyo que en una sociedad en donde se va diluyendo la confianza,
la ayuda recíproca y la cooperación, se genera gradualmente fragmentación
social, violencia, incertidumbre, conflictividad y anomia. Factores que si se
cristalizan dificultan el desarrollo y generan –sin prisa, pero sin pausa- una
sociedad patológica.
Sobre
esta cuestión sostenemos que hay una máxima fundamental: Una sociedad con
graves brechas de desigualdad, con bajo capital social y humano, no puede
crecer, ni desarrollarse sostenidamente, ni alcanzar su bienestar. Es decir, no
es posible la construcción de una comunidad política integrada y desarrollada,
porque existiría una falla en la base de la misma.
Es por estas razones, que es
necesario bregar por una mayor igualdad en materia de derechos, oportunidades y
bienestar porque ello promueve un mayor sentido de pertenencia a la sociedad y,
con ello, una mayor cohesión social. Sin cohesión social difícilmente se pueden
enfrentar, como comunidad política y como país, los desafíos de un mundo más
competitivo y complejo.
El crecimiento, si tiende a
la concentración de sus frutos, surte un efecto negativo en la cohesión y la
inclusión social, lo que a su vez merma la dinámica futura del crecimiento. Al
aumentar la brecha de expectativas aumenta la conflictividad social, lo que
erosiona la legitimidad de los gobiernos y amenaza, con ello, la sostenibilidad
del crecimiento[5].
Para
concluir con este primer punto, nos parece que es necesario considerar la
fuerte relación que existe entre la esfera económico - productiva y la política
social. En este marco, el gasto social debe verse como inversión social en
capacidades humanas y oportunidades productivas. Allí se juega la base
estructural tanto de la igualdad y la desigualdad como también de la justicia
social. Por tanto, allí es fundamental un rol más activo del Estado Nacional,
Provincial y Municipal.
2.- La sociedad del conocimiento:
Lo
expuesto precedentemente, se vuelve todavía más importante, si consideramos que
nos encontramos frente a lo que se denomina la sociedad del conocimiento. Este
término, que proviene de las Ciencias Sociales, resalta la importancia que
tiene el conocimiento como principio estructurador de la sociedad moderna y
como forma específica de organización social, en donde la generación,
procesamiento y transmisión de información y conocimiento se convierten en la
fuente fundamental de la productividad y del saber.
Hay una distinción entre lo que se denomina la
sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad red.
- La sociedad del conocimiento es una sociedad
caracterizada por una estructura económica y social, en la que el conocimiento
ha substituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más
importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales.
Este aspecto ya había sido expuesto por el magisterio
social de la Iglesia, en la carta encíclica Centesimus
Annus de 1991 donde Juan Pablo II expone: “Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que
tiene una importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del
conocimiento, de la técnica y del saber. En este tipo de propiedad, mucho más
que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones
industrializadas.”[6]
El conocimiento teórico se ha convertido, según este
enfoque, en la fuente principal de la innovación y el punto de partida de los
programas políticos y sociales. La sociedad del conocimiento está orientada
hacia el progreso tecnológico y se caracteriza por la creación de una nueva
tecnología intelectual como base de los procesos de decisión.
- El término sociedad de la información se utiliza
sobre todo cuando se tratan aspectos tecnológicos y sus efectos sobre el
crecimiento económico y el empleo. Esta discusión tiene como punto de partida
la consideración de que la producción, la reproducción y la distribución de la
información es el principio constitutivo de las sociedades actuales.
Para el sociólogo Manuel Castells hay que distinguir,
entre sociedad de la información e informacional. La información, es decir la comunicación
del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades. En contraste, el
término informacional indica el atributo de una forma específica de
organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión
de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que
surgen en este período histórico[7].
- Sociedad red indica un cambio de modo de producción
social, sobre todo en el modos de organización, dada la creciente importancia
de la información o del conocimiento para los procesos socio-económicos. Información y conocimiento se convierten en
los factores productivos más importantes.
Vale
decir, que en el contexto recién descripto, se vuelve todavía más imperioso
fortalecer el desarrollo del capital humano para lograr mayor inclusión social,
movilidad social ascendente y distribución del ingreso. Todos factores
fundamentales para la cohesión social y en consecuencia, para una vigorosa
política poblacional.
Asimismo,
la dignidad de la persona y la búsqueda de la justicia social, reclaman con
singular fuerza que se proteja el capital humano de nuestra población.
“La dignidad de la persona y las
exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones
económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las
desigualdades y que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al
trabajo, por parte de todos, o lo mantengan. Pensándolo bien, esto es también
una exigencia de la “razón económica”. El aumento sistémico de las
desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las
poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza
relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner
en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el
plano económico por el progresivo desgaste del “capital social”, es decir, del
conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que
son indispensables en toda convivencia civil.”[8]
3. Los riesgos de la sociedad del conocimiento en
cuanto a la exclusión social
Los riesgos de exclusión social en la sociedad del
conocimiento están relacionados por un lado con el acceso a la información y al
conocimiento, y por el otro, con los efectos de la globalización
socio-económica.
El acceso a la red y la capacidad de saber
usarla es cada vez más importante para la participación en la vida social,
económica y política. Por lo tanto, es fundamental que se garantice la igualdad
de condiciones para poder acceder a la red y la capacitación para poder usar
esos medios metódica y efectivamente.
El término “brecha digital” expresa la
existencia de una desigualdad geográfica y social en la capacidad de utilizar
estas tecnologías, sea por el acceso a Internet, por la disponibilidad de usar
un ordenador o PC o por la capacidad de saber usarlo.
En relación al empleo, el concepto de la
sociedad del conocimiento insiste en la transformación de los mercados
laborales hacia una des-estandarización de las relaciones de trabajo. Las
relaciones laborales estables y altamente reguladas de la sociedad industrial
no son ya el punto de referencia, sino las relaciones laborales consideradas
hasta ahora atípicas -por ejemplo el trabajo parcial, el trabajo autónomo, el
teletrabajo, el trabajo temporal- son cada vez más frecuentes las salidas y
reentradas en el mercado laboral, cambiando la estabilidad laboral por la
intermitencia. Esto sucede con todas las categorías laborales, las de baja y
las de alta calificación.
Ciertamente, las sociedades del conocimiento ganan en
productividad, pero también en inseguridad y fragilidad. Asimismo, las
tecnologías de la información y la comunicación son el soporte para la
realización de la globalización. Y lo esencial de la globalización económica es
la unificación de los criterios de mercado en un espacio económico ampliado.
Así pues, considerando que la sociedad del
conocimiento sigue dominada por los principios básicos del capitalismo, se
prevé que sigan reproduciéndose las desigualdades sociales y que se producirán
nuevas desigualdades. Sería conveniente hablar de un capitalismo del
conocimiento o economía del conocimiento, ponderando que los principios básicos
de las sociedades más avanzadas en este aspecto, sigue siendo la acumulación de
capital y que se pretende someter la generación y uso del conocimiento a la
apropiación particular y a las reglas del mercado.
Frente a esto -según Castells- el proyecto de
modernización efectuado en América Latina, ligado a la globalización
capitalista, con escaso control social, tiene por lo menos, dos fallas
fundamentales. La primera, su débil capacidad productiva y competitiva en el
contexto mundial. La segunda, la incapacidad de integrar en el desarrollo
económico a la mayoría de la población del continente, una buena parte de la
cual es empujada a un proceso de exclusión creciente.
En este sentido, en nuestro país, son alarmantes los
datos que surgen referidos a la pobreza de la infancia: el 48,9 % de los chicos
en la escuela primaria carece de ofertas en el espacio de las nuevas
tecnologías y un estudiante de escuela estatal tiene 3,5 veces menos chances de
acceder a esta oferta que sus pares en escuelas de gestión privada[9].
Surge, también, una nueva dependencia, la
tecnológica, que caracteriza a la nueva economía latinoamericana en un momento
decisivo de su articulación a la economía global.
Por lo tanto, América Latina está integrada en
la nueva economía global, pero de forma desigual y tal vez insostenible, con
altos costos sociales y económicos en la transición y con amplios sectores
sociales y territorios excluidos estructuralmente de este proceso de modernización
e integración económica[10].
Es decir, que en la sociedad de la información,
aumenta el riesgo de exclusión y de fragmentación social lo cual, además de
significar una seria lesión a los derechos humanos de dichos excluidos,
conspira contra el proyecto de desarrollo de cualquier estado.
Por eso, es imprescindible revertir el proceso de
exclusión, especialmente de la infancia, para poder proyectar un futuro posible
para nuestra nación.
Así pues, consideramos que la seguridad social debe
incrementar sus políticas sobre las familias y sobre la infancia
particularmente, para lograr mayor desarrollo humano, mayor cohesión social y
mayor democracia.
El desafío de enfrentar el riesgo de la exclusión y
fragmentación social que presenta la globalización y la sociedad del
conocimiento o la información, así lo exige.
4.- El rol de familia como
organización social, cultural y económica. La importancia de políticas de
protección social de la familia y de la primera infancia:
En relación al desarrollo del capital humano
ocupa un lugar destacado el rol de la familia. La familia como célula básica de
la sociedad, debe protegerse debido a que, conforme al paradigma vigente, es el entorno privilegiado e indiscutible de
desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida.
La
familia, como organización, está recibiendo una atención creciente por su
influencia sobre tres factores estratégicos: a) la demografía (clave para el
desarrollo sobre todo en Argentina), b) la acumulación de capital de humano y
c) la formación de identidad económica de los individuos. La identidad está
dada por creencias compartidas o esquemas cognitivos incorporados a través de
procesos de socialización y aprendizaje en organizaciones como la familia y la
escuela[11].
Aquí
ya se puede observar la singular importancia que adquiere para el desarrollo
del capital humano el binomio familia-escuela. Por consiguiente, desde esta
perspectiva, es fundamental fortalecer a las familias y brindarles una eficaz
protección social, pues son el primer agente de socialización, de formación de hábitos
positivos y de transmisión de cultura de los futuros miembros activos de la
comunidad política. El desarrollo del capital humano es clave para conseguir el
objetivo de un desarrollo humano y económico sostenido.
Cuando
hablamos de la protección a la familia, nos referimos también a la importancia
de que esta protección sea integral y que les permita a los miembros de
familias en situación de vulnerabilidad el acceso a una educación de calidad,
una eficaz y oportuna cobertura de salud y el acceso a una nutrición equilibrada que les garantice
un desarrollo saludable.
Con el objetivo de proteger a la primera infancia y
a la familia, se dictó en el 2009, el Decreto 1602/2009 que creó la Asignación
Universal por Hijo (AUH). Se trata de un programa de transferencia de ingresos
condicionada (TIC), que “abarca a aquellos niños y adolescentes que no perciban otra asignación
y pertenezcan a grupos familiares desocupados o que se desempeñen en la
actividad informal y ganen menos del salario mínimo, vital y móvil”. Esta
medida luego fue ampliada a través de la asignación universal por embarazo para
la protección social, que se percibe a partir de la semana 12 de gestación.
El
decreto señalado establece como condicionalidades, la obligación por parte de
las familias del cumplimiento del control sanitario y del plan de vacunación
obligatoria hasta los 4 años del niño. A partir de los 5 años, se debe
acreditar en la ANSES la concurrencia a establecimientos educativos públicos.
En
este contexto, la AUH como política de seguridad
social incorporó en 2011 cerca de 1,8 millones de hogares y 3,5 millones de
niños. Así pues, entre la ampliación de la cobertura previsional a través del
plan de inclusión previsional y la AUH, mejoraron el índice Gini (índice que
mide la igualdad/desigualdad social) en hasta 5,5 puntos, pero la estrella es
la AUH que por sí sola explica 2,5 puntos. Un verdadero hito en política de
protección social, distribución del ingreso y fortalecimiento de la familia[12].
Sin
embargo, pese al avance que significó la asignación universal por hijo para mejorar
la distribución del ingreso, lo cierto es que todavía no se han logrado
revertir los núcleos duros de la pobreza estructural, ni las brechas
educativas, tecnológicas, ni territoriales -por mencionar las más importantes-
que permitan un avance sostenido hacia una sociedad más cohesionada.
5.- Nuevos desafíos para reducir
brechas de desigualdad.
Tal como venimos refiriendo, es clave la inversión
social en la infancia. Su omisión implica una violación de los derechos
sociales básicos de los niños, sobre todo cuando existen claras deficiencias en
cuanto a alimentación y educación. Un niño desnutrido y analfabeto –incluimos
aquí el analfabetismo tecnológico- no solo es un reflejo de desigualdades
inadmisibles desde el punto de vista ético, es también el inicio de una vida
con escasas perspectivas de alcanzar la plenitud y la felicidad a la que tiene
derecho.
Asimismo, la pérdida de capacidades y posibilidades
ocasionada por la desnutrición y el analfabetismo va en menoscabo de toda la
sociedad. Implica que gran parte del potencial de recursos humanos de las
generaciones venideras, precisamente las que deberían capitalizar el bono
demográfico[13],
quedan desperdiciados a consecuencia de daños nutricionales irreversibles o de
la carencia de destrezas para una vida
productiva.
Por otra parte,
los costos para remediar los males derivados de estos problemas son
inconmensurablemente más elevados que las inversiones requeridas para evitarlos
en primera instancia. Cuando se trata del costo de no hacer inversiones
sociales en la infancia, la dimensión ética y la dimensión práctica van de la
mano[14].
En
este contexto, el avance en la protección social de la familia, del niño por
nacer y de la primera infancia a través de la asignación universal por hijo y
por embarazo, ha sido importante, especialmente en materia de asignación de
recursos.
Ahora bien, la asignación de recursos es una
condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario profundizar lo hecho,
pues todavía subsisten numerosos núcleos duros de pobreza y de excusión social
que es menester combatir con la mayor urgencia posible.
En ese sentido, sigue siendo un dilema el destino del
gasto social en términos redistributivos cuando se analiza la asignación del
gasto en función de grupos etarios. La mayor incidencia que alcanza la pobreza
infantil en términos relativos (48,1% del total de niños y adolscentes) no se
ve compensada en forma suficiente por la acción pública[15].
Según la CEPAL, en la región, el consumo de los niños
y jóvenes se financia fundamentalmente con medios privados, y de manera más
aguda en la primera infancia. Mientras que en los países de Europa y en los
Estados Unidos alrededor del 47% del consumo de los menores de 24 años tiene
financiamiento público, en los países de América Latina el aporte del Estado
representa menos del 25% del total y el 75% restante es provisto por la
familia.
En sociedades tan desiguales, este hecho se traduce en
que una alta proporción de niños de la región no reciba una inversión adecuada
en materia de alimentación, salud y educación. Esto enciende una luz de alerta,
porque impacta negativamente sobre el desarrollo de las capacidades de las
nuevas generaciones, más aun considerando las mayores exigencias de
productividad y la transición demográfica hacia sociedades con niveles más
altos de dependencia debido al envejecimiento de la población. Esto significa
que no se reducen las brechas de desigualdad y ello repercute en la falta de
capacitación y de productividad[16].
En materia educativa, pese al aumento de la matrícula
escolar como fruto de la asignación universal por hijo, las brechas en logros y
aprendizajes refuerzan la fragmentación de la sociedad y vuelve más difícil
implementar un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo.
Lo expuesto, además de dificultar la reducción de la
desigualdad y el desarrollo de capacidades humanas para la transición hacia
sociedades más productivas, también se traduce en brechas de autonomía,
entendida aquí como la disponibilidad de diferentes márgenes de libertad
positiva para emprender proyectos de vida genuinamente valorados por las
personas.
A su vez, aunque existiera un mejor desarrollo
institucional y aunque se destinen mayores recursos fiscales, los efectos de la
acción pública sobre la desigualdad son limitados.
Pese a las reformas realizadas en el último tiempo, los
sistemas de protección social –salud y seguridad social- continúan segmentados
en función de la capacidad contributiva de los afiliados, con lo que se
reproducen las desigualdades primarias que se generan en el mercado de trabajo.
En ese sentido, los cambios implementados en virtud de
los principios de universalidad enfrentan la restricción presupuestaria del
gobierno y la escasa solidaridad en el financiamiento, por lo que el
universalismo se limita a prestaciones básicas.
En nuestro país, cuya ventana de oportunidades
demográficas se va haciendo más estrecha a medida que aumenta marcadamente la
proporción de población envejecida, es imprescindible, por una parte, completar
la protección social a los sectores vulnerables y, por otra, limitar los
subsidios que se destinan a los sectores integrados y privilegiados. Los
sistemas de salud y seguridad social deben reconstruirse y orientar los
subsidios a un piso básico, pero suficiente, universal y no contributivo.
Un desafío es potenciar las tareas de cuidado que
realizan principalmente las mujeres en los hogares en situación de
vulnerabilidad. Para ello, debemos analizar la posibilidad de otorgar una
transferencia cuya titular sea la madre, garantizándole un piso de ingresos
adecuado, para que pueda dedicarse a las tareas de cuidado, sin que mermen los
ingresos del grupo familiar.
La
presencia de la madre en el hogar, educando y criando a sus hijos es
fundamental para su formación y desarrollo
pleno. Desde una perspectiva de la
política económica, es fundamental fortalecer el rol de las madres para que se profundice
el desarrollo del capital social y del capital humano de nuestra comunidad.
Esta medida, debe complementarse con una cobertura de
servicios de cuidado infantil y educación preescolar de calidad en zonas de
menores ingresos. Asimismo, si la educación media de calidad no se universaliza
de forma más homogénea, las sociedad no estará preparada para ampliar sus
fronteras productivas en contextos expansivos, ni para garantizar la igualdad
de oportunidades.
Por último, el acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC) y, sobre todo, a la conectividad a
través de ellas, resulta hoy vital para el desarrollo de capacidades en
numerosos sentidos: permite multiplicar opciones de aprendizaje, acceder a
información y a la producción de conocimiento útil para la vida personal en
diversos ámbitos, y potencia los recursos para participar en redes de
relaciones con distintos objetivos (comunicación, gestión, deliberación,
trabajo conjunto e intercambio de conocimientos, entre otros).
Por su parte, la destreza en el manejo de estas
tecnologías capacita para acceder a empleos y generar ingresos. Además, la
comunicación en red democratiza el acceso a las posibilidades de tener voz,
interlocución, visibilidad pública y, por lo mismo, poder para debatir,
presionar e incidir en decisiones políticas. Así, la mayor igualdad de acceso a
las TIC y a la conectividad es clave para avanzar hacia una mayor igualdad en
el desarrollo de capacidades y, sobre todo, para potenciar el ejercicio de la
autonomía tanto en lo individual como en lo colectivo.
Nunca antes en la historia humana en el lapso de una
generación había convergido, como ahora, un conjunto de innovaciones
tecnológicas para rearticular los procesos de producción, organización y
comunicación. Sin una participación amplia en la sociedad de la información no
es posible emprender el camino del cambio que permita superar la pobreza
estructural.
Esta necesaria participación, constituye, pues, una
pieza estratégica para una transformación que no se limita a los sectores de
frontera tecnológica y productiva, sino que se trate de un cambio que permea a
la sociedad en su conjunto.
6.
Conclusión
Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas de
protección a la primera infancia y a la familia son una inversión y un eje
fundamental de las políticas sociales. Estas políticas deben proyectarse y
ejecutarse en forma urgente porque implican un fortalecimiento de las políticas
demográficas.
Los desafíos que presentan la sociedad de la
información y la globalización, en cuanto un potencial aumento de la
desigualdad y de la exclusión social, imponen una mejor articulación entre el
estado nacional, provincial y municipal en las políticas de transferencias
condicionadas para mejorar sustancialmente la alimentación, la salud y la
educación de calidad de los beneficiarios.
Deben incluirse dentro de los programas educativos, por un lado, la cobertura de servicios de
cuidado infantil y educación preescolar de calidad en zonas de menores ingresos,
y por el otro, el acceso y la capacitación a las tecnologías de la información
y de la comunicación.
En ese orden de ideas, es de singular importancia
también, favorecer el capital social de las comunidades locales y las redes
naturales de protección solidaria y cooperativa, para que estas políticas sean
exitosas en el tiempo. No basta con asignar recursos.
Consideramos que la política social debe incluir un
programa de transferencia a favor de las madres en situación de vulnerabilidad,
garantizándole un piso digno de ingresos, para que pueda dedicarse a las tareas
de cuidado, sin poner en riesgo los ingresos necesarios de su grupo familiar.
A través de este ingreso se deben fortalecer las
capacidades humanas del grupo familiar, y garantizar los derechos sociales de
los niños evitando déficits nutricionales y cognitivos que favorezcan el riesgo
de exclusión social.
La pobreza, la indigencia y la desnutrición infantil
son un terrible flagelo que hipoteca el futuro de la patria y que frustra su
destino en el concierto de naciones. No será posible el desarrollo pleno de la
Argentina, sin una mejora sustantiva de las políticas sociales a favor de la
primera infancia y de la familia que logre romper las condiciones de
reproducción de la pobreza.
Para mejorar las capacidades humanas de nuestra
población, evitar la reproducción de desigualdades, combatir la pobreza y la
exclusión, debemos mejorar la implementación de los programas de transferencia
condicionada, y articular las políticas de protección de la primera infancia,
entre el estado nacional, provincial y municipal de manera conjunta y
cooperativa con las familias y las comunidades locales.
Se trata de un camino necesario para lograr el pleno
desarrollo de nuestro país.
[1] Gullo, Marcelo “Insubordinación
y desarrollo: claves del éxito y el fracaso de las naciones”, 1ra. Edición,
Buenos Aires, Biblos, 2012, páginas 34 a 36.
[2]
Catterberg, Gabriela y Mercado, Ruben Directores “Informe nacional sobre
desarrollo humano 2013. Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo
humano en el siglo XXI” 1.a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, 2013, pág. 15
[3]
Forni, Pablo et alter “Qué es el Capital Social y cómo analizarlo en contextos
de exclusión y pobreza: Estudios de caso
en Buenos Aires, Argentina.” JSRI
Research Report #35, The Julian Samora Research Institute, Michigan State
University, East Lansing, Michigan. Disponible en: ttp://www.econo.unlp.edu.ar/uploads/docs/capital_social_en_exclusion_y_pobreza_jsri.pdf
[4] Freyre,
María Laura “El capital social. Alcances teóricos y su aplicación empírica en
el análisis de políticas públicas” en Revista de Ciencia, Docencia y
Tecnología, Vol. XXIV, n° 47, Noviembre de 2013, págs. 95-118, Universidad
Nacional de Entre Ríos, ISSN 0327-5566.
[5] Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) “La hora de la igualdad: brechas por
cerrar, caminos por abrir”, Trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL,
Brasilia 30 de mayo al 1 de junio de 2010. Naciones Unidas, Santiago de Chile.
[6] Juan
Pablo II, Centesimus Annus, n° 32.
[7] Manuel Castells, La Era de la
Información. Economía, Sociedad y Cultura, Vol I La Sociedad Red, Siglo XXI
editores, tercera edición en español, México, 2001, pág. 27 y siguientes.
[8] Benedicto XVI, Caritas in Veritate,
n° 32.
[9] Tuñon,
Ianina “(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños.
Derechos humanos y sociales en el período 2010 -2017. Documento estadístico.
Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Serie EDSA, Agenda para la Equidad
(2017-2025). Buenos Aires, 2018, Edición para la Fundación Universidad Católica
Argentina, ISBN 978-987-620-363-0, pág. 13.
[10] Castells,
Manuel, “Estado, Sociedad y Cultura en la Globalización de América Latina. Con
referencia a la especificidad de Chile”, Foro de Altos Estudios Sociales Valparaíso,
Chile, conferencia pronunciada el 13 de noviembre de 2003 y posteriormente
ampliada y corregida, págs. 15-18 consulta en línea del 20 de febrero de 2017
en http://ucv.altavoz .net/prontus _unidacad/site /artic/2009060 1/asocfile/20
090601222222/ cuaderno _3.pdf.
[11] Fanelli,
José María, La Argentina y el Desarrollo Económico en el Siglo XXI, Siglo XXI
editores, 1ra. Edición, Buenos Aires, pág. 58 y siguientes
[12] Fanelli,
José María, La Argentina y el Desarrollo Económico en el Siglo XXI, Siglo XXI
editores, 1ra. Edición, Buenos Aires, pág. 317 y siguientes
[13] El bono demográfico es un fenómeno
que se da cuando el volumen de la población en edad de trabajar, que se ubica
entre 14 y 59 años, supera a la población dependiente (niños y ancianos).
[14]
Comisión Económica Para
América Latina (CEPAL) “Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible”
Trigésimo quinto período de sesiones de la CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de
Chile, 2014, pág. 215
[15]
La pobreza por ingresos, se estima bajo el nuevo marco muestral de la EDSA en
el III trimestre de 2017, en un 48,1% de niños/as y adolescentes (10,2% de esta
infancia se encuentra en situación de indigencia). Mientras que la situación de
indigencia a nivel de la infancia no se ha modificado de modo significativo en
los últimos ocho años, la pobreza entre 2015 y 2016 se incrementó en 6,9 puntos
porcentuales (p.p.) y entre 2016 y 2017 cae casi a los niveles del 2015,
ubicándose en 42,5%
[16]
Comisión Económica Para
América Latina (CEPAL) “Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible” Trigésimo
quinto período de sesiones de la CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile,
2014, pág. 55
