Mientras la pandemia de la Covid-19 sigue causando estragos en todo el mundo, la investigación para encontrar una vacuna eficaz continúa, tanto por parte de la industria farmacéutica como de los centros públicos. Todos están de acuerdo con la idea de que, a fin de cuentas, la única forma de erradicar definitivamente la pandemia consiste en disponer de una vacuna que pueda ser administrada a todos los habitantes del planeta, vivan en zonas urbanas o rurales, sean hombres o mujeres, o habiten en países ricos o pobres.
Asimismo para la protección de las sociedades contra la COVID‑19 es clave contar también con sistemas sanitarios sólidos, una adecuada capacidad de testeo. Pero para que nadie quede excluido, además de una inversión colectiva de un nivel inédito, también se necesita un importante cambio de metodología para acceder a la vacuna y garantizar su acceso a toda la población.
Investigadores de universidades y empresas de todo el mundo trabajan contra reloj para desarrollar una vacuna. Y los avances actuales son alentadores: ya hay 73 vacunas candidatas en investigación o en desarrollo preclínico, cinco que ya pasaron a la fase de ensayo clínico. Y, según información periodística, aparentemente 3 o 4 vacunas que ya estarían listos para su aprobación.
Ahora bien, según el sitio “COVID-19: Novedades científicas” del Instituto de Salud Global de Barcelona[1] la realidad científica de las vacunas al 20/12/2020 es la siguiente[2]:
Pfizer/BioNTech ha anunciado que un primer análisis sugiere que su vacuna a base de ARNm es altamente eficaz: en las personas vacunadas con dos dosis separadas de tres semanas, el número de casos de COVID-19 fue un 90% menor que en el grupo placebo. Sin embargo, antes de pedir una autorización de uso a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la farmacéutica debe seguir a los participantes durante por lo menos dos meses para vigilar su seguridad. Por el momento, no está claro si la vacuna protege de la enfermedad o bien de la infección, ni si protege a todos los grupos de edades. Por otra parte, el problema de las vacunas de ARNm es que necesitan almacenarse a temperaturas muy bajas, lo cual complica su distribución.
ü Vacuna de Oxford/AstraZeneca: Los primeros resultados en humanos para la vacuna candidata desarrollada por Oxford, basada en un vector de adenovirus de chimpancé (ChAdOx1 nCoV-19), muestran que la vacuna tiene un buen perfil de seguridad e indujo la producción de anticuerpos neutralizantes en más del 90% de los 1077 participantes. Los niveles de anticuerpos aumentaron aún más en un pequeño subgrupo que recibió una segunda dosis de la vacuna, 28 días más tarde. También se observaron respuestas celulares (linfocitos T) en la mayoría de los participantes.
ü Vacuna de Cansino en China: Otra vacuna candidata que usa un adenovirus humano como vector, desarrollada por CanSino en China, también indujo la producción de anticuerpos neutralizantes y respuestas T tras una sola dosis en la mayoría de las personas voluntarias, con un buen perfil de seguridad. Las personas mayores de 55 años respondieron menos bien, lo cual indica que puedan necesitar una segunda dosis.
ü Aún no se sabe si todas estas vacunas son eficaces para prevenir la infección o la enfermedad. Para esto, se necesita que finalicen los ensayos de fase 3.
ü Ensayos clínicos en Brasil de 3 vacunas: La vacuna de Oxford/Astra Zeneca ya se está probando en Brasil, junto con otra vacuna desarrollada por Sinovac (China), a base de virus inactivado. Dicho país ahora ha aprobado ensayos para una tercera candidata (basada en ARNm[3] desarrollada por Pfizer y BioNTech).
ü La Vacuna NVX-CoV2373/ Novavax: Esta vacuna compuesta de trímeros de la proteína S del SARS-CoV-2 y el adyuvante Matrix-Ms, parece ser segura y genera niveles de anticuerpos superiores a los observados en suero convaleciente así como una buena respuesta T CD4+.
ü La Vacuna Rusa/Instituto Gamaleya: También se publicaron los primeros resultados de la vacuna rusa, basada en vectores adenovirales y desarrollada por el Instituto Gamaleya. La vacuna consiste en una primera inmunización con un adenovirus recombinante (rAd26-S) seguido de una segunda inmunización con otro adenovirus (rAd5-S) tres semanas después. La vacuna fue bien tolerada e indujo una buena respuesta humoral (es decir, anticuerpos neutralizantes) y celular (respuesta CD4+ y CD8+) en todos los participantes. El ensayo se hizo con 76 personas voluntarias sanas entre 18 y 60 años de edad, pero no se incluyó un grupo control.
Más recientemente, el Instituto Gamaleya ha anunciado una eficacia del 91,4%, según un segundo análisis intermedio con 39 casos en los 19.000 participantes: 8 en el grupo vacuna y 31 en el grupo control. La vacuna usa dos vectores adenovirales diferentes, ambos portadores del gen para la proteína viral Spike: una primera dosis con el Ad26 y una segunda con el Ad5, espaciadas 21 días.
Un aspecto a considerar muy especialmente es que el esfuerzo masivo para aprobar la vacuna, sólo es posible gracias a una sustancial inversión pública, que incluye –entre otros- a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).
Por ejemplo, la CEPI ha recibido de varios gobiernos financiación adicional por 765 millones de dólares (dentro de una meta de 2000 millones) para el desarrollo de una vacuna contra la COVID‑19. La Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado (perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) ha hecho importantes inversiones en proyectos para el desarrollo de una vacuna junto con Johnson & Johnson (450 millones de dólares) y Moderna (483 millones de dólares)[4].
Debido a los esfuerzos masivos, en donde participan instituciones públicas y privadas, y a la inversión pública que insume la aprobación de una vacuna eficaz contra la Covid- 19, es imperioso que se adopte -como nueva metodología- un sentido de misión que ponga las inversiones públicas y privadas al servicio de un objetivo común claro: el desarrollo de una o más vacunas eficaces contra la COVID‑19 que puedan producirse rápidamente a escala global y ponerse a disposición de todas las personas en forma gratuita.
El acceso a una atención de salud de calidad y a los medicamentos esenciales debe reconocerse como un derecho humano universal (cfr. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, art. 14). De esto se desprende que la distribución de una vacuna, una vez que esté disponible en el futuro, es un punto en el caso. El único objetivo aceptable, coherente con una asignación justa de la vacuna, es el acceso para todos, sin excepciones. (Pontificia Academia para la Vida, Humana Communitas en la era de la Pandemia, 22 de julio de 2020).
Esto significa, que debido a la deriva de la crisis de la COVID‑19 que impacta en todo el globo, el modelo habitual de producción de vacunas debe revisarse. En momentos en que todo el mundo se moviliza contra la pandemia, con llamados a la formación de una alianza global, conferencias de donantes, reuniones del G20 y la próxima Asamblea Mundial de la Salud de este año, se abre una oportunidad para que el derecho de acceso a la salud se ponga por encima de los intereses privados.
Este importante objetivo demanda reglas firmes en lo referido a la propiedad intelectual, la fijación de precios y la fabricación, en cuyo diseño y fiscalización se deben valorar la colaboración y solidaridad internacional en vez de la competencia entre países. Se trata de un logro difícil, pero no imposible, en atención a las circunstancias actuales.
Para que las vacunas puedan estar a disposición de todos, no deben estar sujetas a ninguna patente. Deben ser de dominio público. Esto permitirá que los gobiernos, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, los filántropos y las empresas sociales (es decir, empresas creadas para resolver problemas de la gente sin obtener ningún beneficio personal) sean capaces de producirlas y/o distribuirlas por todo el mundo.
A su vez, es de vital importancia, que los países con capacidad de producción pública de medicamentos, se adelanten a crear y reforzar capacidades de fabricación, en particular países como el nuestro. Hay que hacer ahora mismo un esfuerzo concertado para preparar las infraestructuras y capacidades públicas y privadas que se necesitarán para producir en poco tiempo los miles de millones de dosis necesarias.
Un punto central, es que el precio de las vacunas para la COVID‑19 debe reflejar tanto la importante contribución pública a su desarrollo cuanto la urgencia y magnitud de la crisis sanitaria global. Si las vacunas son de dominio público y se garantiza el acceso universal a las mismas, como así también la eficacia de las vacunas a través de los ensayos públicos, puede ser atendible garantizar inmunidad jurídica a los laboratorios y empresas farmacéuticas frente a posibles efectos adversos, debido al poco tiempo que se les otorga para realizar las investigaciones y ensayos clínicos.
Sin embargo, hay que tener en consideración también que la prisa por inmunizar a las poblaciones contra el Covid-19 podría conducir al lanzamiento de una vacuna que no es muy efectiva y que se corra el riesgo de empeorar la pandemia, como han dicho destacados científicos[5].
El desarrollo de una vacuna eficaz y de acceso universal para la COVID‑19 es una de las tareas más cruciales del tiempo en que nos tocó vivir. Y sobre todo, es la prueba definitiva para saber si el resultado de la cooperación global entre el sector público y el privado (que las autoridades presentan como esencial) será maximizar el suministro de bienes públicos o las ganancias privadas.
Así pues, si al contrario de lo que sostenemos en estas reflexiones, el modelo para la producción de la vacuna contra la COVID-19, va a privilegiar las ganancias privadas, por sobre la salud pública, entonces garantizarle inmunidad jurídica a los laboratorios que la producen, sería una medida peligrosísima que nos transformaría de hecho en conejito de indias. Es decir, que la inmunidad legal sería inaceptable.
El bien de la sociedad y las exigencias del bien común en el ámbito de la atención de la salud se anteponen a cualquier preocupación por el lucro. Y esto porque las dimensiones públicas de la investigación no pueden ser sacrificadas en el altar del beneficio privado. Cuando la vida y el bienestar de una comunidad están en juego, el beneficio debe pasar a un segundo plano.(Pontificia Academia para la Vida, Humana Communitas en la era de la Pandemia, 22 de julio de 2020)
Este es un buen momento para establecer una norma mundial que ponga a la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona, por encima de un exacerbado ánimo de lucro que invisibiliza la vida de miles de millones de personas.
[2] Citamos los casos de las vacunas que están más adelantadas.
[3] Acido Ribonucleico mensajero.
[4] Cómo desarrollar una vacuna contra la COVID‑19 para todos | Mazzucato y Torreele, consulta en línea en https://www.fundamentar.com/economia/item/6367-como-desarrollar-una-vacuna-contra-la-covid-19-para-todos
Estimado JB
ResponderEliminarEsas normas que pides tienen ya vigencia.
Lo que está en cuestión ahora… (por empujes diferentes algunos privados, otros estatales o paraestatales) es si se hacen más laxas. Para argumentar este relajamiento se aduce que en este caso más vale prontitud que seguridad (como cuando un bombero entra y rompe y arruina para resguardar bienes altos con celeridad)
Abrazo!